México ha experimentado aumentos significativos en la delincuencia y la violencia en los últimos años. Crímenes violentos facilitados por la impunidad y la ineficacia de instituciones gubernamentales que garanticen seguridad básica, reducen la confianza pública en el gobierno, y amenazan el bienestar de la ciudadanía, el crecimiento económico, y el tejido social de las comunidades en todo el país. Además, delitos menores que incluyen asaltos, agresiones, disturbios públicos y robos, alimentan la percepción ciudadana de inseguridad. La juventud, al enfrentarse a una escasez de alternativas productivas recurren a actividades lucrativas ilícitas, y envalentonados con la percepción de que no hay una pena que pagar por la criminalidad, se vuelven reclutas ideales para las organizaciones criminales transnacionales y sus organizaciones subsidiarias.