PALABRAS DEL DIRECTOR DE LA USAID, TIMOTHY M. MAHONEY,

SEMINARIO "NUEVA METODOLOGIA Y TECNICAS DE ENSEÑANZA DEL PROCESO PENAL"

Casa del Abogado,

Miércoles 31 de enero de 2001

Señor Abogado Jorge Rivera Avilés;

Señor Licenciado Marcelino Banegas Lagos;

Señor Licenciado Jaime Banégas Zerón;

Señora Licenciada Alicia Warde;

Señor Abogado Gustavo Vivas Usher;

Señoras y señores Abogados

y Licenciados en Derecho;

Es un verdadero honor estar con ustedes el día de hoy porque considéro que el gremio de abogados desempeña un papel muy importante en los procesos de reforma de los sistemas de justicia.

Después de la tragedia del Mitch, Honduras ha realizado esfuerzos impresionantes para reconstruir un país que quedó tan afectado por el huracán. Los hondureños han demostrado que con voluntad, unión y esfuerzo se puede hacer frente a las más grandes adversidades.

Es este tipo de esfuerzo que será necesario lograr la transformación del país.

La transformación implica realizar cambios profundos en los poderes judiciales, y otras instituciones del sector justicia, que desempeñan funciones vitales para todo el sistema político. Cuando los actores del sistema de justicia, no responden a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, se generan varios efectos adversos:

1) se fomenta la creación de mecanismos alternos al sistema institucional;

2) se reduce la seguridad jurídica

se genéran condiciones adversas a la inversión nacional y extranjera.

En suma, la legitimidad del sistema político se pone en riesgo.

Este día quería compartir las conclusiones a de un estudio financiado por la USAID, sobre los procesos de reforma en América Latina y el porqué no han avanzado al ritmo esperado.

El estudio concluye lo siguiente:

1)las expectativas fueron demasiado ambiciosas;

2)las reformas no han sido sostenibles porque los reformistas originales se contentaron con cambios superficiales; 3)las soluciones tradicionales como ser adopción de leyes o incremento en los presupuestos, no produjeron por sí solas los resultados deseados;

4)las reformas no afectan a todos positivamente y aquellos que no se benefician se oponen a las mismas y pueden incluir en ocasiones a jueces, abogados, y a las élites políticas y económicas.

5)En situaciones de menor crecimiento económico, equidad social, y participación ciudadana, hay mayores oportunidades de ineficiencia y corrupción.

El estudio confirmó que el reto de reformar el sistema de justicia es complejo.

La experiencia de la USAID nos ha enseñado, que los esfuerzos de reforma aislados no funcionan per se. Deben ser sustuídos por enfoques más sistémicos e integrales como son la aprobación y puesta en práctica de nuevos códigos procesales.

Estos no sólo pretenden solucionar las deficiencias en el diseño de la ley procesal, sino que deben:

mejorar las estructuras administrativas de las instituciones;

b) introducir sistemas basados en mérito de selección y de ascenso de los funcionarios;

introducir sistemas de información para reducir la corrupción;

mejorar las expectativas de los clientes del sistema (abogados y usuarios);

y, promover y apoyar mayores niveles de independencia interna y externa, no sólo en los podéres judiciales sino también en otras instituciones del sector justicia, para otorgarle mayor credibilidad y legitimidad.

Como los procesos de reformas generan vencedores y perdedores, se requiere del concurso, compromiso y convicción de todos los actores.

Por ello quiero subrayar la importancia que tienen los colegios de abogados, y el gremio de abogados en general, porque son los primeros usuarios del sistema.

Su grado de influencia será determinante para lograr el éxito.

A pesar de las dificultades las reformas están produciendo cambios importantes, por ejemplo:

a) reducciones en los abusos de los derechos humanos;

b) reducciones en los tiempos de procesamiento de los casos;

c) decisiones menos arbitrarias por parte de los operadores

d) mayor compromiso para nombrar a ciudadanos honestos en los cargos públicos.

Honduras está en buen camino ya que tiene un nuevo código procesal penal, que adopta un enfoque estratégico e integral de la reforma.

Cuenta con un Plan de Transición Inter-institucional que pocos países tuvieron. El Plan define los pasos críticos que permitirán que cinco instituciones esenciales se prepáren para la entrada en vigencia del nuevo Código.

Asímismo, cuenta con la Comisión Inter-institucional que lidera la aplicación del nuevo Código.

También se ha logrado la aprobación de una enmienda constitucional la cual está a un paso de ser ratificada para convertirse en realidad.

La USAID ha apoyado los procesos de la reforma desde sus inicios en la década de los ochenta y en Honduras continuará apoyando la transición al nuevo Código.

Estamos proveyendo asistencia al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensa Pública, a una organización de la sociedad civil, y a la Escuela de Derecho y a los estudiantes de excelencia académica.

Este año apoyaremos programas de capacitación para todos los jueces de letras, fiscales y defensores del país y a ministros de apelación. Se continuará introduciendo sistemas de información y gestión modernos en los juzgados piloto.

Se producirán manuales para los jueces de letras, de paz, y defensores públicos y también se financiará la elaboración de un Manual de Derecho Procesal Penal. Por último, se financiará campañas de conscientización dirigidos a la sociedad civil.

Pero repito, ninguno de estos esfuerzos rendirá sus frutos sin el compromiso y voluntad de cambio de todos los interesados.

Los felicito por la iniciativa que tuvieron al organizar éste evento, y estoy seguro que el gremio de abogados cumplirá el papel que de ellos y de las demás instituciones del sector justicia reclama la ciudadanía en este proceso de reforma.

Muchas gracias.

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