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Iniciativas E.U. reducen cultivo de coca en Colombia
Servicio noticioso desde Washington
14 de julio del 2003
Iniciativas E.U. reducen cultivo de coca en Colombia
(Secretario adjunto Simons delinea estrategia control drogas)
Las iniciativas de control de drogas apoyadas por Estados Unidos resultaron en un año excepcional en Colombia en el 2002, dice Paul E. Simons, secretario de Estado adjunto en funciones para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley (INL), al declarar el 9 de julio ante la Comisión de la Cámara de Representantes sobre Reforma Gubernamental.
Señaló Simons que, como resultado de los esfuerzos coordinados de Estados Unidos y el gobierno colombiano, el cultivo de la coca declinó 15 por ciento en toda Colombia y tanto como 50 por ciento en dos regiones claves de producción de drogas. Pero, advirtió Simons mientras pedía que se asignen 730 millones de dólares a la Iniciativa Antidroga Andina para el próximo año, la campaña antinarcótica en Colombia es difícil debido a la actividad que se lleva a cabo fuera de la zona de seguridad del gobierno.
"Algunos grupos extremistas colombianos se han vuelto cada vez más dependientes de los ingresos relacionados con las drogas", dijo. "Anticipamos que estos grupos usarán cada vez más su capacidad de fuego y su ingenio para proteger y expandir sus intereses de tráfico de drogas en Colombia".
En una declaración amplia, que describió el alcance de los programas de la Estrategia Nacional de Control de Drogas, Simons discutió también la actividad estadounidense en Bolivia, Perú, México, Afganistán, Pakistán, Birmania, Corea del Norte y otras naciones.
A continuación una traducción extraoficial de fragmentos de las declaraciones de Simons referentes a América Latina:
(comienzan los fragmentos)
HEMISFERIO OCCIDENTAL
La administración ha solicitado 731 millones de dólares para la Iniciativa Antidroga Andina durante el año fiscal 2004. El pleno financiamiento de esta solicitud es esencial para sostener nuestro éxito en Colombia y proteger a los vecinos de Colombia de un efecto secundario. Nuestros esfuerzos en Colombia van cambiando la situación, y no debemos cejar ahora.
Colombia
Dislocar el mercado en Colombia involucra una combinación decidida de erradicación, interdicción, creación de instituciones y programas de desarrollo alternativo. El año pasado (2002) fue un año sobresaliente para los esfuerzos antinarcóticos en Colombia, fuente de más del 90 por ciento de la cocaína y gran parte de la heroína que entran en Estados Unidos. Por primera vez desde que el cultivo de drogas comenzó a aumentar a mediados de los años 90, el cultivo total de coca declinó más de un 15 por ciento. El cultivo de adormidera declinó también un 25 por ciento en relación con los niveles de 2001. El cultivo en los departamentos claves de Putumayo y Caquetá declinó más de un 50 por ciento. En consecuencia, la producción potencial de cocaína colombiana descendió a 680 toneladas métricas, desde las 795 toneladas métricas de 2001, y la producción potencial de heroína colombiana descendió a 11,3 toneladas métricas, desde las 15,1 toneladas métricas de 2001.
Estas declinaciones son el resultado directo del programa de erradicación aérea, que cuenta con la ayuda de Estados Unidos, el cual roció más de 122.000 hectáreas de coca en 2002, un 45 por ciento más que en 2001, que fue un año récord. Además, el programa de rociado destruyó más de 3.000 hectáreas de adormidera, un aumento del 67 por ciento en relación con el 2001. Con la entrega este año de los últimos aviones de rociado comprados con fondos asignados en apoyo del Plan Colombia, Colombia planea acelerar en el 2002 y después la marcha de la erradicación aérea tanto de la coca como de la adormidera. Durante los primeros seis meses de este año rociamos 73.522 hectáreas de coca y 1.658 hectáreas de adormidera, en comparación con los primeros seis meses del año pasado, cuando se rociaron 53.717 hectáreas de coca y 1.837 hectáreas de adormidera. Planeamos rociar toda la coca y la adormidera de Colombia para fines de año.
En el aspecto de la interdicción durante el 2002, las fuerzas antidrogas militares y policiales de Colombia destruyeron 129 laboratorios de elaboración de cocaína y cerca de 1.247 laboratorios de base de cocaína, lo que resultó en el decomiso de más de 55 toneladas métricas de cocaína y 30 toneladas métricas de base de cocaína.
Pero Colombia encara varios retos significativos a sus esfuerzos antinarcóticos. En Colombia el comercio de drogas disfruta de una clara ventaja, dado que el grueso de la coca y la adormidera crece en zonas que están más allá del firme control de seguridad del gobierno central. A medida que la erradicación presiona a la industria de las drogas, han aumentado los disparos que hacen desde tierra los grupos narcoterroristas: durante las operaciones de erradicación llevadas a cabo este año hasta la fecha, los aviones han recibido 225 impactos de balas disparadas desde tierra. Esta cifra es ya superior a la cantidad total de impactos registrados en 2001 y 2002. Algunos grupos extremistas colombianos se han vuelto cada vez más dependientes de los ingresos relacionados con las drogas. De acuerdo con ello, anticipamos que estos grupos usarán cada vez más su capacidad de fuego y su ingenio para proteger y expandir sus intereses de tráfico de drogas en Colombia. La creciente frecuencia de los daños infligidos a los aviones como resultado del fuego desde tierra ha resultado en 350 días de inactividad, durante los cuales fue necesario dejar en tierra los aviones de rociado con el fin de practicar reparaciones, en el período de enero a mayo de 2003, en comparación con 48 días en el mismo período del 2002.
La realización de operaciones de rociado es un trabajo peligroso. Todos los pilotos del programa de rociado tienen amplia experiencia de vuelo y reciben entrenamiento especializado para el tipo de vuelos y las condiciones locales que enfrentarán. Les ofrecemos también a nuestros pilotos entrenamiento avanzado de supervivencia para casos de aterrizajes forzosos. Cada misión de rociado se planea para brindar máxima seguridad, usando todos los datos de inteligencia disponibles. Si una misión de rociado debe encarar un riesgo grave, se la cancela o se la lleva a cabo con ayuda de tropas antidrogas en tierra previamente situadas. Hay helicópteros armados de escolta de seguridad, como así también por lo menos un helicóptero de búsqueda y rescate (SAR). Evaluamos constantemente nuestras operaciones para refinar nuestros procedimientos y mejorar la seguridad de nuestro personal.
Nuestro programa antinarcótico encara también un reto importante a medida que se recurre cada vez más a nuestros elementos aéreos y a las unidades antidrogas colombianas que apoyamos, para que emprendan una función más activa con el fin de ayudar al gobierno colombiano en su campaña unificada contra el tráfico de narcóticos y las actividades de grupos designados como organizaciones terroristas, y lleven a cabo acciones para proteger la salud y el bienestar humanos en circunstancias de emergencia, incluyendo la realización de operaciones de rescate.
La firme postura del presidente Uribe en relación con el tráfico de drogas y los narcoterroristas ha creado un nuevo clima político y un aumento de las operaciones antinarcóticas y antiterroristas en todo el país. El presidente ha dado impulso al gasto en seguridad y apoya plenamente un esfuerzo emprendedor de erradicación. Seguimos en coordinación con el gobierno colombiano para ver cómo podemos usar mejor las nuevas autorizaciones aprobadas por la Ley de Asignaciones Suplementarias de 2002 para una Mayor Recuperación de los Actos Terroristas contra Estados Unidos y la Respuesta a Ellos (P.L. 107-206), y por la Ley de Operaciones en el Extranjero, Financiamiento de Exportaciones y Programas Relacionados de 2003 (P.L. 108-7), en apoyo de la estrategia de seguridad nacional del presidente Uribe. Si bien las políticas estadounidenses reconocen ahora la flexibilidad introducida por las autorizaciones ampliadas, la lucha contra los narcóticos, el desarrollo alternativo y la reforma judicial, al igual que la ayuda humanitaria y el desarrollo social y económico, siguen siendo componentes claves de nuestro apoyo a la democracia de Colombia y a los programas del gobierno colombiano para ejercer su autoridad en todo su territorio nacional.
Desde que la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) comenzó a fines del 2000 a poner en práctica programas de desarrollo alternativo, sus actividades habían beneficiado hasta el 31 de marzo de 2003 a más de 22.829 familias y han respaldado más de 24.549 hectáreas de cultivos lícitos en las áreas de producción de coca y adormidera. El programa de desarrollo alternativo financiado por Estados Unidos ha completado también más de 349 proyectos de infraestructuras públicas y generación de ingresos en 11 municipios en las provincias claves de la producción de coca; entre esos proyectos figura la construcción de carreteras, puentes y sistemas de alcantarillado y la rehabilitación de escuelas. Otros proyectos de la USAID han mejorado los gobiernos locales.
Hasta la fecha, la USAID ha establecido un total de 33 centros de servicios legales (Casas de Justicia), que han aumentado el acceso a la justicia y han promovido la solución pacífica de conflictos al atender un total acumulativo de aproximadamente 1,6 millón de casos. El establecimiento de estos centros ayuda al gobierno colombiano a extender la presencia de las instituciones y servicios del estado hasta áreas de Colombia remotas y plagadas de conflictos. Como primer paso para facilitar la transición de Colombia a un moderno sistema de justicia acusatorio, la USAID ha ayudado a establecer un total acumulativo de 19 salas de juicios orales y ha entrenado a alrededor de 3.400 jueces en juicios orales, pruebas legales y procedimientos.
Al 31 de mayo de 2003, los programas de la USAID, mediante servicios de cuidado de salud, educación, entrenamiento vocacional y de desarrollo de destrezas, y ayuda a aquellas familias dispuestas a regresar a salvo a sus comunidades originales y que pueden hacerlo, habían ayudado a 774.601 desplazados internos y 733 niños que habían sido combatientes.
El Departamento de Justicia desarrolla unidades especializadas para combatir el lavado de dinero y emprender iniciativas de confiscación de bienes. El Programa Internacional de Ayuda al Entrenamiento Investigativo Criminal (ICITAP) está cerca de completar un laboratorio forense virtual que vinculará a través de bancos de datos compartidos las cuatro agencias colombianas de aplicación de la ley que tienen una responsabilidad investigativa primaria de la actividad criminal, inclusive el tráfico de drogas y las violaciones de los derechos humanos. El programa incluye la instalación e intercambio de datos del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), el Sistema Combinado de Index de DNA (CODIS) y bancos de datos de formación de imágenes digitales. La Oficina de Desarrollo Acusatorio, Ayuda y Entrenamiento en el Extranjero (OPDAT) provee también ayuda en la reforma de los códigos legales y adiestramiento acusatorio en un sistema acusatorial.
Nuestra solicitud de 463 millones de dólares para Colombia en el año fiscal 2004 incluye 313 millones de dólares para programas severos de interdicción y erradicación y 150 millones de dólares para programas no rigurosos de desarrollo alternativo y creación de instituciones. El presupuesto de interdicción y erradicación se divide entre 158,7 millones de dólares en apoyo de los militares colombianos y 147,5 millones de dólares para Programas de la Policía Nacional colombiana. El apoyo a los militares colombianos se divide en 147,3 millones de dólares para apoyar la aviación del ejército, 6,4 millones de dólares para apoyar el programa de interdicción aérea para impedir el puente aéreo, y 5 millones de dólares para apoyar la Brigada Antidroga del Ejército colombiano.
La solicitud del INL para el año fiscal 2004 aumenta en 19 millones de dólares el financiamiento del apoyo a la aviación del Ejército colombiano. Los 71 helicópteros que apoya este financiamiento proveen movilidad aérea a la brigada antidroga y otras unidades aguerridas y, dado el número severamente limitado de helicópteros que pueden obtenerse de otra manera, continuarán siendo el único transporte aéreo digno de confianza de que dispongan las unidades militares que intervienen en las operaciones antinarcóticas. Puesto que la brigada antidroga ya ha extendido operaciones más allá del sur de Colombia en el 2003, estas aeronaves se usarán también para llevar a cabo misiones en todo Colombia, en respuesta a las oportunidades de interceptar objetivos narcoterroristas de gran valor.
La solicitud del INL para el año fiscal 2004 en apoyo de la Policía Nacional colombiana incluye 60,3 millones de dólares en apoyo a la aviación, 44,2 millones de dólares para continuar con los éxitos de la erradicación aérea, y 41 millones de dólares para programas de interdicción, y 2 millones de dólares en apoyo administrativo a la Policía Nacional colombiana. Esta solicitud refleja un aumento de 19 millones de dólares para impulsar las operaciones de interdicción de la Policía Nacional Colombiana y otros programas antinarcóticos bajo el mando de la Policía Nacional Colombiana mediante el mejoramiento de las capacidades de las bases operativas antinarcóticas de avanzada, mejorar las operaciones de interdicción en las carreteras, ayudar a la policía auxiliar y ayudar al Programa de Estrategia para la Heroína de la Policía Nacional colombiana y la DEA.
La solicitud del INL para el año fiscal 2004 destinada a programas no rigurosos sostendrá en los niveles del año fiscal 2003 los programas administrados por la USAID para apoyar la democracia (24 -millones de dólares), para estimular el desarrollo alternativo (60,2 millones), y para ayudar a los grupos vulnerables (38 millones de dólares. Esta solicitud aumenta también en 1,5 millón de dólares el apoyo a los programas administrados por PRM para ofrecer protección, alimentos, agua potable, servicios de salud y sanitarios básicos, educación y otra ayuda humanitaria a los desplazados internos de Colombia.
La solicitud del INL proveerá también 7,5 millones de dólares con destino a programas selectos del Departamento de Justicia para apoyar el adiestramiento y la protección de las unidades de derechos humanos de la Fiscalía, continuar la reforma del código legal colombiano, entrenar a los fiscales de derechos humanos, establecer un banco de datos de confiscación de bienes y lavado de dinero, y mejorar la seguridad carcelaria y los programas de rehabilitación de la adicción a drogas. En el rubro del imperio de la ley se incluyen también 13,8 millones de dólares (un aumento de 3 millones de dólares) para el programa de reinserción de la Policía Nacional colombiana destinado a aumentar la presencia gubernamental y la ley y el orden en las áreas de conflicto. Este programa -- financiado en gran parte por el gobierno de Colombia -- ha ubicado unidades policiales bien entrenadas y equipadas en 77 municipios que hasta este año carecían de una presencia de seguridad.
Bolivia y Perú
Para impedir que los traficantes desarrollen en otros lugares fuentes alternativas de producción de drogas, reforzamos activamente nuestros programas antinarcóticos en los países que rodean a Colombia. En Bolivia y Perú, nuestros esfuerzos en apoyo de acciones antinarcóticas más vigorosas de parte del gobierno se han visto retardados por los movimientos cocaleros radicales, que han sacado partido de la tradición histórica del cultivo de la coca utilizándolo como consigna de los derechos indígenas contra la cultura política urbana dominante. Las dificultades económicas en ambos países han debilitado también los recursos gubernamentales para mejorar los esfuerzos antinarcóticos.
Como resultado, a pesar de la erradicación de 12.000 hectáreas en 2002, Bolivia tuvo un incremento neto de 23 por ciento (4.500 hectáreas) en el cultivo de la coca, debido a la resiembra masiva en el Chapare y a la renuencia del gobierno a llevar a cabo una erradicación forzosa en la provincia de Yungas, abundante en coca, en vista de la violenta oposición cocalera. En respuesta, hemos apoyado los esfuerzos del gobierno boliviano para fortalecer sus iniciativas de erradicación e interdicción mediante la expansión de la Policía Especial de Drogas (FELCN) en un 15 por ciento, la construcción de 14 nuevas bases, el establecimiento de una red nacional de comunicaciones y la creación varios sistemas de bancos de datos e intercambio de información para mejorar los servicios de inteligencia para la ejecución de la ley.
El financiamiento para el año fiscal 2004 fortalecerá estos programas, que se concentran en desarrollar la capacidad del gobierno de Bolivia de ejecutar todas las leyes de drogas, mantener el imperio de la ley en las áreas remotas y continuar con las actividades de interdicción nacionales y regionales. Además de apoyar estos programas de ejecución de la ley, nuestros fondos apoyan los esfuerzos bolivianos para consolidar y sostener programas regionales de desarrollo alternativo (que llevan mejoras directas a agricultores y comunidades), haciendo especial hincapié en el desarrollo de mercados nacionales e internacionales viables y sostenibles para cosechas diferentes de la coca.
La USAID ha asistido a más de 21.500 familias. El valor anual por familia de los productos agrícolas lícitos de las familias que reciben ayuda asciende ahora a un promedio de 2.055 dólares, en comparación con 1.706 dólares en 2000. En comparación, el ingreso per cápita medio anual en Bolivia en 2000 fue de 994 dólares. El programa de desarrollo alternativo de la USAID creó más de 51.000 empleos agrícolas y 600 no agrícolas. Unas 8.500 familias recibieron electricidad en sus hogares. Se ha pavimentado o mejorado más de 3.000 kilómetros de carreteras y 110 puentes.
En el entorno socialmente inestable de Yungas, luego de una cuidadosa preparación y de trabajar con la población local, se está poniendo en práctica programas de desarrollo alternativo financiados por Estados Unidos entre las comunidades cocaleras que están dispuestas a reducir sus cultivos de coca (legales e ilegales). La Iniciativa de la USAID para el Desarrollo de Yungas se concentra en mejorar la calidad de vida de la gente en la región promoviendo la salud, fomentando la economía lícita, mejorando la infraestructura básica y fortaleciendo el gobierno local. Se han completado diecisiete servicios de saneamiento que benefician a más de 8.000 personas y diez proyectos de acceso al agua potable beneficiarán a más de 3.000 personas. Además, en respuesta a las necesidades de los ciudadanos, las municipalidades reciben ayuda en la preparación de sus presupuestos y en la planificación económica de la región.
Asimismo, nuestros programas de apoyo judicial continúan ayudando a Bolivia en su transición hacia un sistema acusatorio oral, aumentando al mismo tiempo las capacidades de aquellas oficinas que se ocupan de las investigaciones y los encauzamientos relacionados con las drogas.
La solicitud de 91 millones de dólares para Bolivia en el año fiscal 2004 se divide en tres iniciativas principales: 33,7 millones de dólares se destinarán para sostener los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos de desarrollar la capacidad a largo plazo del gobierno de Bolivia de sostener las instituciones policiales y judiciales capaces de aplicar todas las leyes contra las drogas, aumentar la interdicción de los productos de cocaína y substancias químicas esenciales, y aumentar el encauzamiento efectivo de los principales narcotraficantes en un momento de gran debilidad política y económica en el estado boliviano. Parte integral de este esfuerzo es nuestro apoyo a unas fuerzas aéreas, fluviales y terrestres substanciales en las principales zonas de cultivo de coca, que mantienen el imperio de la ley, proveen seguridad al desarrollo alternativo y apoyo a los esfuerzos de erradicación. Otros 10 millones de dólares se concentran en la erradicación de la coca y en la estructura de apoyo logístico y de seguridad.
Además de estos programas de aplicación de la ley, se destinarán 38,5 millones de dólares a los esfuerzos bolivianos para consolidar y respaldar programas regionales de desarrollo alternativo (proveyendo mejoras directas a los agricultores y las comunidades), con hincapié especial en desarrollar mercados internos e internacionales viables y sostenibles para otros productos que no sean la coca. En el entorno socialmente inestable de Yungas, luego de una cuidadosa preparación y de trabajar con la población local, los programas de desarrollo alternativo financiados por Estados Unidos reducirán el cultivo legal e ilegal de la coca en las comunidades cocaleras. El resto de la solicitud de fondos se destinará a programas de sostenimiento menores como la reducción de la demanda, la planificación política, la administración de proyectos de justicia y el apoyo administrativo.
En Perú, las inquietudes laborales a escala nacional frenaron los esfuerzos del gobierno peruano para expandir la erradicación de los cultivos de coca, lo que condujo a resistencia y violencia crecientes contra los proyectos de desarrollo gubernamentales de parte de los cocaleros organizados, durante los primeros seis meses de 2003. En respuesta a ello, el gobierno peruano ha reorganizado su planteamiento de proveer incentivos más fuertes al desarrollo alternativo y la erradicación voluntaria de parte de las comunidades cultivadoras de coca, reforzando al mismo tiempo los esfuerzos nacionales de interdicción a cargo de las autoridades de aplicación de la ley. El modelo de erradicación participativa fue concebido como un medio para establecer un compromiso de parte de toda una comunidad de eliminar los cultivos de coca ilegal. Las comunidades que no participan encaran la erradicación forzosa. Los participantes reciben jornales por su trabajo de erradicar la coca, así como raciones de alimentos. Las comunidades que permanezcan libres de coca durante dos o tres años recibirán mejoras infraestructurales. Más de 200 comunidades solicitaron poder participar en el programa de erradicación y todos los días muchas otras desean unirse al mismo. La fase experimental del programa tuvo mucho éxito. Más de 1.000 hectáreas de coca fueron erradicadas, lo que ayudó a Perú alcanzar su meta para 2002 de erradicar 7.000 hectáreas en ese año.
La incautación de drogas y sustancias químicas por unidades peruanas de aplicación de la ley ha aumentado, pero la erradicación de la coca al presente sigue por debajo de las 7.000 hectáreas erradicadas en 2002. Creemos que esas tasas de erradicación mejorarán en la segunda mitad del año.
Los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en apoyo de una mayor presencia de las autoridades policiales peruanas en lo que se refiere a la interdicción y la seguridad en las zonas de cultivo de la coca, requerirán en el año fiscal 2004 un financiamiento sustancial para establecer y sostener puestos de operación avanzados, así como fondos de operación adicionales para los aviones de ala fija y helicópteros que proveen movilidad regional a las fuerzas peruanas de interdicción dirigidas a los lugares de producción de los traficantes, y a otras unidades encargadas de mantener el imperio de la ley en las zonas de desarrollo alternativo.
A pesar de estos aumentos, el cultivo tanto en Bolivia como en Perú se mantiene considerablemente más bajo que en los años de mayor cultivo de mediados de la década de 1990, y muy por debajo de los niveles en Colombia. Aun con estos aumentos, el cultivo total andino de la coca declinó aproximadamente un ocho por ciento en 2002.
La solicitud de fondos para Perú correspondiente al año fiscal 2004, de 116 millones de dólares, se concentra grandemente en reducir la coca por lo menos en 8.000 hectáreas mediante un programa integrado voluntario/involuntario de erradicación y ayuda al desarrollo con comunidades específicas de cultivo de coca. Sostener esta meta en el año fiscal 2004 requiere 35 millones de dólares en apoyo adicional para helicópteros y aviones de ala fija destinados a las unidades policiales antinarcóticas peruanas que proveen seguridad a los proyectos de erradicación, interdicción y desarrollo alternativo en zonas remotas. La administración ha solicitado 13 millones de dólares para ayudar a la policía peruana a mantener una presencia antinarcótica en las zonas remotas de cultivo de coca, y para vigilar los caminos y los ríos usados por los intereses narcotraficantes.
La administración ha solicitado 11,3 millones de dólares para sostener programas orientados a la erradicación involuntaria y la vigilancia relacionada con cultivos lícitos e ilícitos, así como la búsqueda de adormidera para su inmediata erradicación manual forzosa. Se requerirán aproximadamente ocho millones de dólares para construir un programa efectivo de Denegación del Puente Aéreo, si bien esto continúa sujeto a negociación con el gobierno peruano. El crítico programa de desarrollo alternativo, 50 millones de dólares en el año fiscal 2004, aumentará el número de las comunidades comprometidas a reducir la coca, al presente 200 comunidades, y proveerá ayuda de emergencia a corto plazo para ayudar a satisfacer las necesidades de nutrición y salud, generar los ingresos familiares perdidos por causa de la erradicación de los campos de coca, y un desarrollo alternativo a largo plazo para sostener las economías rurales lícitas.
Programa de Denegación del Puente Aéreo
El 28 de abril de este año firmamos con el gobierno de Colombia un acuerdo bilateral para un Programa de Denegación del Puente Aéreo (ABD). El acuerdo crea una estructura legal que ayudará a asegurar que todos los requerimientos de seguridad legales y de procedimiento del gobierno de Estados Unidos sean plenamente satisfechos (para impedir situaciones como el trágico ataque contra los misioneros en Perú, en 2001), y para proteger de responsabilidades legales indebidas a los empleados y contratistas del gobierno de Estados Unidos involucrados en el programa ABD. Los preparativos para la aprobación presidencial de un reinicio del programa ABD colombiano están casi terminados, después de lo cual el gobierno colombiano estará en condición de dar pasos importantes para retomar el control de su espacio aéreo de manos del narcotráfico aéreo. Es importante notar que un programa ABD colombiano eficaz requerirá un considerable compromiso de financiamiento colombiano y estadounidense y los recursos para asegurar las que se sospecha son rutas del tráfico aéreo. El gobierno de Colombia ya ha comprometido recursos sustanciales para el programa ABD y nosotros tenemos planeado respaldar los esfuerzos colombianos con fondos del año fiscal 2004, para establecer bases de operación avanzadas para los aviones rastreadores e interceptores involucrados en el esfuerzo.
Al presente se discuten con el gobierno de Perú los planes para proveer alguna forma de control del espacio aéreo contra los aviones narcotraficantes. Anticipamos que la puesta en práctica de un programa viable de control del espacio aéreo en Perú requerirá de parte del gobierno de Estados Unidos un financiamiento mayor que en Colombia, debido a la falta de los recursos necesarios de parte del gobierno peruano y a la insuficiencia de los sistemas de comunicación y radar nacionales, ambos prerrequisitos de un programa al estilo colombiano.
México
México es la principal zona de tránsito de la mayoría de las drogas ilícitas provenientes de América del Sur con destino a Estados Unidos y es también país de origen de heroína, metanfetamina y marihuana. Las organizaciones narcotraficantes con base en México operan una extensa red de distribución en Estados Unidos y representan una considerable amenaza delictiva en el país. Bajo la administración Fox, la cooperación entre Estados Unidos y México para combatir el narcotráfico y otros delitos transnacionales ha mejorado considerablemente.
En 2002, el gobierno de México extraditó a Estados Unidos 25 fugitivos, un aumento de los 17 extraditados en 2001, pero la relación en cuanto a la extradición sigue siendo difícil debido a la incapacidad de México de extraditar a fugitivos que encaran cadena perpetua en el país solicitante. Las agencias policiales y el personal militar mexicanos siguieron concentrándose con éxito en las principales organizaciones narcotraficantes y sus cabecillas, y arrestaron a 36 de los principales fugitivos requeridos por delitos de drogas en Estados Unidos. El cultivo de la adormidera, extensamente dispersado en pequeñas parcelas en zonas aisladas, bajó en 2002. Al mismo tiempo, México llevó a cabo un programa intensivo de erradicación, principalmente manual. La producción potencial de heroína se redujo de 8,4 toneladas métricas en 2001 a 5,6 toneladas métricas en 2002.
Con el fin de realzar la imagen y la urgencia de las actividades antinarcóticas, la administración Fox ha revelado en 2002 un ambicioso plan nacional de control de drogas, de seis años, con el que apeló a la sociedad y a las instituciones mexicanas a lanzar librara un ataque frontal contra todos los aspectos del problema de las drogas, incluyendo su producción, tráfico y consumo. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos y México aumentaron considerablemente su cooperación en cuestiones de seguridad fronteriza con el fin de asegurar una inspección más estricta tanto de personas como de bienes.
La administración Fox ha tomado medidas para refrenar la corrupción en las instituciones de México. El arresto de dos generales mexicanos en 2002 y la disolución de un batallón del ejército mexicano en Sinaloa por razones de corrupción reflejan la disposición de la administración Fox de atacar la corrupción. Para prevenir la corrupción, se ha disuelto la fuerza policial antidrogas mexicana (FEADS) y se ha estructurado la nueva agencia federal de investigación (AFI), una fuerza policial más moderna, cuyas principales prioridades son la lucha contra la corrupción y la protección de la información.
En 2002, los presidentes Bush y Fox firmaron la Asociación Fronteriza Estados Unidos-México para mejorar los controles a lo largo de nuestra frontera común. Los 22 puntos de acción se concentran en la creación de una infraestructura, el movimiento de personas y el movimiento de bienes. Utilizando los 25 millones de dólares del financiamiento suplementario para emergencias autorizados por el Congreso, el INL ha venido trabajando con los organismos estadounidenses asociados para proveer a las agencias de aduana y de inmigración mexicanas equipo para la inspección, entrenamiento en seguridad, computadoras y sus programas para la gestión en los puertos de entrada, intercambio avanzado de información sobre pasajeros, y otras mejoras. El objetivo es acelerar el movimiento legítimo de bienes y personas, y al mismo tiempo aumentar la capacidad de las autoridades de detectar actividades delictivas.
En el año fiscal 2004, el INL propone fusionar los programas antinarcóticos y relativos a la frontera mediante una solicitud combinada de 37 millones de dólares. De esta suma, aproximadamente 17,5 millones de dólares se utilizarán para expandir los basamentos sostenidos por el financiamiento suplementario para emergencias; 2,5 millones de dólares complementarán ese esfuerzo con la asistencia para aumentar la seguridad de los puertos marítimos. Además, se emplearán 10,9 millones de dólares para sostener las operaciones antidrogas y contra el crimen y 3,4 millones de dólares se utilizarán para expandir nuestro importante trabajo con México en lo que respecta a la reforma, la capacitación y la profesionalización del sector de la justicia penal. Nos proponemos también continuar con los modestos programas en curso relacionados con la prevención de la drogadicción, la prevención de delitos y el desarrollo alternativo.
(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://usinfo.state.gov/espanol)
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Ultima Modificacion: 10.18.2005