HISTORIA DE ÉXITO

LA DEFENSA PÚBLICA TRAE ESPERANZA A LOS POBRES

USAID/RD apoyó la creación y expansión del primer Sistema de Defensa Pública del país

Paula, una madre de cinco, fue arrestada y detenida por agresión luego de haber ayudado a una vecina a defenderse de un esposo abusivo. Tradicionalmente en la República Dominicana, una persona en su situación hubiera quedado detenida por meses, esperando un juicio que llegaría sólo si lograba obtener representación de los pocos abogados voluntarios pagados por el Estado.

El nuevo código procesal penal del país estipula que los detenidos deben tener una audiencia inicial dentro de las 24 horas de la detención. Luego de 4 días sin una audiencia inicial y sin los medios para pagar un abogado, alguien le habló a Paula sobre su derecho de solicitar un defensor público. La defensora pública logró obtener una audiencia ante un juez, le dio seguimiento a su caso y le aseguró su puesta en libertad dentro de las dos semanas. “Si no hubiera sido por mi defensora pública, todavía estuviera sentada en la cárcel, y mis hijos no tuvieran una madre.”

La ayuda legal gratuita existía en la República Dominicana desde 1993, pero con disponibilidad limitada. USAID apoyó el desarrollo de una oficina nacional de defensa pública, primero mediante la promoción de debates y la obtención de consenso con los jueces locales y los juristas sobre la necesidad del servicio. Ya con el acuerdo de la comunidad judicial, las bases legales y la estructura organizacional interna del sistema nacional de defensa pública fueron desarrolladas e instituidas en el 2003.

Hoy la Oficina Nacional de Defensa Pública está compuesta por 76 defensores públicos, 11 investigadores judiciales, 7 trabajadores sociales y 10 oficinas en todo el país. A julio del 2005, más de 12,500 personas con recursos limitados habían recibido asistencia legal gratuita, teniendo un acceso a la justicia con el que no contaban antes.

El enfoque estratégico actual de USAID es el de fortalecer la institución mediante la facilitación del crecimiento sostenible de la oficina nacional para suplir la creciente demanda del servicio. Una muestra de esto es el apoyo en planificación estratégica y administración del sistema nacional, así como el entrenamiento de más defensores, trabajadores sociales e investigadores para las nuevas oficinas que están siendo abiertas en todo el país.

Elizabeth, la defensora pública que asistió a Paula en su caso, dice que a través de su experiencia como una de las primeras defensoras públicas del país “me he sensibilizado a la situación de tantos individuos que son acusados de crímenes y son encarcelados por largos períodos de tiempo sin el beneficio del derecho constitucional a la asistencia legal porque sencillamente no tienen el dinero.” “El conocimiento que hemos recibido (a través del programa inicial de entrenamiento de defensores públicos) acerca de la manera en la que el sistema debe trabajar y acerca de los derechos que todas las personas tienen a una defensa adecuada está siendo utilizada a través del servicio de Defensa Pública y está disponible a todos los ciudadanos”, dijo.